La educación no es gratis, claro que no

No, la educación no es gratis, y sí, un político es un servidor público. Empiezo así, con esa negación categórica para aclarar que la enseñanza pública no es gratuita, que la Educación Infantil y los estudios de Primaria y Secundaria que integran la enseñanza obligatoria hasta los 16 años no son gratuitos, como tampoco lo son los libros, las becas, el comedor escolar o el aula matinal. Que no se trata de un “regalo”, más o menos mimado, según el Gobierno que lo coordine, no. Deberíamos saber o recordar que la financiación de todos los gatos derivados de educar a nuestra descendencia corre a nuestro cargo, al suyo y al mío, que todo esto sale de nuestros impuestos y, sobre todo, que se trata de un derecho constitucional recogido en el Artículo 27 y, concretamente, en el punto 4 de este, donde se indica que la “Enseñanza básica es obligatoria y gratuita”.

Hace unos días, la presidenta de la Comunidad de Madrid en la Asamblea sentenciaba que era “una utopía regalarle la educación a todo el mundo (…) que no puede ser todo gratuito”. Parece que nuestra situación económica no soportaría sustentar los estudios universitarios de quienes los demandasen, especialmente, añado yo, cuando se olvida que la inversión en formar a la ciudadanía es la que va a reportar mayores beneficios a largo plazo. Pero claro, de lo que se trata es de que mientras en Dinamarca existe un plan del gobierno hacia la sostenibilidad cuyos beneficios económicos se destinan únicamente a las pensiones, un plan que incluye actuaciones para los próximos 100 años, sí, ha leído bien, aquí en nuestra zona de la península los planes se estudian de cuatro en cuatro años, no vaya a ser que no repitamos triunfo en las urnas y venga otro detrás a terminarlo y a llevarse las flores.

Mientras en Escocia, Alemania, Chipre, Malta, Grecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, Polonia, Eslovenia, Eslovaquia y en la República Checa los estudios universitarios son gratuitos, aquí no se puede. Argumentos que lo justifiquen, los hay muy variados, entre ellos: que se tendrían que subir los impuestos, la “amenaza” más eficaz; que no todo el mundo puede ser universitario que luego das una patada a una piedra y te salen 50 abogadas o doctores y después nos falta mano de obra, es decir, técnicos de laboratorio, instaladoras, o expertos en fontanería, claro, debe ser que en los 13 países que he citado antes no hay necesidad de mano de obra cualificada. ¡Qué antigüedad! Seguimos recibiendo adoctrinamiento anti-impuestos que nos aleja abismalmente de la idea de que lo público, desde los servicios, hasta los transportes, pasando por la Sanidad y el mobiliario urbano, es nuestro y somos todos. Y, sobre todo, se nos difumina el concepto de servidor público, de funcionario público, la catalogación de aquellos y aquellas que se dedican a la política, nuestros alcaldes, consejeras, ministros, concejales y presidentas, de aquellos y aquellas en quienes depositamos nuestra confianza para que gestionen el dinero que tributamos de manera que revierta en nuestro beneficio del mejor modo posible.